SUMARIO DICIEMBRE 2009 / ADS Nº 166
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Estrategia
OMS en seguridad del paciente. Evolución, retos pendientes.
INFORME
ADS
año 2009
Un
pacto extrajudicial indemniza por error diagnóstico en oncología
SENTENCIAS
Absolución
de anestesista que se ausentó del hospital dejando a la paciente en el
despertar
Faltas
de vejaciones y contra el orden público por agresión verbal a médico en
hospital
El
Constitucional censura un cese basados en datos de salud obtenidos de
forma irregular
Supremo
/ Comunicación ilegal de datos de salud que produce despido de trabajador
Urgencias
/ Error diagnóstico por infracción de protocolo de dolor abdominal
El
Supremo acepta un consentimiento genérico en intervención de alto riesgo
El
Supremo exige un consentimiento preciso, aunque no indemniza su omisión
si no hay daño
AMM / Declaraciones Nueva Delhi 2009
Nuevo marco regulador de los productos sanitarios
Valencia / Decreto prevención agresiones
Valencia regula la protección de datos de salud en asistencia
ambulatoria
Murcia/ Ley de apoyo a la mujer embarazada
Castilla y León / Crédito para financiar pandemia de gripe
Castilla-La Mancha / Decreto personal emérito
Sistema informático de Sanidad exterior
Galicia / Modificación decreto de tarjeta sanitaria
Cataluña / Orden de entidades de salud municipalistas
LIBROS
Medicamento defectuoso y responsabilidad
Recursos humanos en salud
Derecho farmacéutico
Ética y Enfermería
BOLETINES OFICIALES
Europa
BOE
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
Estrategia
OMS en seguridad del paciente. Evolución, retos pendientes
Aunque la seguridad del paciente se define por algunas instituciones internacionales de salud como un derecho humano fundamental, lo cierto es que su regulación sólo existe en unos pocos Estados con alto nivel de desarrollo. No obstante, la OMS contribuye desde el 2003 con sus iniciativas, Declaraciones y Recomendaciones a implantar una cultura de seguridad que permite a las naciones aplicar o regular medidas de prevención.
REF. 171/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ
)
INFORME
ADS año 2009
El ‘tempo’ informativo de Actualidad del Derecho Sanitario (ADS) durante el 2009 ha estado marcado por numerosas referencias jurídicas -resoluciones judiciales y normativa- expresivas del devenir de la actualidad en el sector salud. En este número de ADS se publica un informe con los temas más destacados del año que será completado próximamente con la entrega de los Índices ADS 2009. La objeción de conciencia sanitaria en relación con las iniciativas de liberalización del aborto y la píldora del día después fue protagonista durante el 2009 junto con otros temas de relevancia jurídico profesional. La protección de los datos de salud, el conflicto de normas laborales estatutarias, o la evolución jurisprudencial del consentimiento informado en el Tribunal Supremo han sido otros indicadores jurídicos de la actualidad sanitaria. La suspensión cautelar de la prescripción enfermera y del registro de profesionales sanitarios en Andalucía, y la anulación del Decreto de terapias naturales de Cataluña por los tribunales autonómicos han sido otros temas protagonistas del año en nuestras páginas. El ‘corpus’ de jurisprudencia y normativa sanitaria publicado durante este año por ADS (ver última página de este informe) se ha completado con la publicación de artículos doctrinales de juristas y profesionales de la sanidad de reconocido prestigio. Las reseñas de libros y encuentros profesionales tienen también espacio propio en la revista.
REF. 172/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
ACUERDO
Un pacto extrajudicial indemniza por error diagnóstico
en oncología
La resolución extrajudicial de reclamaciones por asistencia sanitaria
defectuosa es una vía apenas utilizada por pacientes y Servicios de
Salud, aunque es una posibilidad que lentamente avanza en nuestro Derecho
(ver referencias a pie de página). Un beneficio nada desdeñable es la
pronta resolución del caso mediante una indemnización económica
evitando el proceloso devenir judicial y los costes que ello conlleva.
En el asunto objeto de comentario en estas páginas se indemnizan mediante
un acuerdo transaccional entre la paciente y la aseguradora del Servicio
Extremeño de Salud las secuelas producidas como consecuencia de una
asistencia sanitaria defectuosa en un proceso oncológico no detectado ni
tratado a tiempo. La indemnización acordada asciende a 72.000 euros
-frente a los 300.000 solicitados- por las secuelas presentes y futuras de
un cáncer no diagnosticado inicialmente. Tras una primera intervención
quirúrgica por bultoma en antebrazo izquierdo calificado como banal en la
que no se realiza estudio anatomopatológico, la paciente es reintervenida
ante una recidiva, momento en el que al parecer tampoco se sospecha de
malignidad ni se realiza prueba alguna. El empeoramiento de la paciente
requiere una tercera intervención; no se diagnostica dermatofibrosarcoma
hasta octubre del año 2000, casi dos años después del primer acto
quirúrgico, por lo que hubo de aplicarse radioterapia. Las secuelas
psíquicas y físicas tienen como consecuencia la invalidez permanente
para la profesión.
REF. 173/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
PENAL
Absolución
de anestesista que se ausentó del hospital dejando a la paciente en el despertar
El abandono por un anestesista de su puesto de trabajo en el hospital
dejando a una paciente en la sala del despertar al cuidado de una ayudante
técnico sanitario y de una facultativa de guardia -anestesista- no
constituye una infracción penal, según una sentencia del Juzgado de lo
Penal nº 1 de Don Benito, en Badajoz. La sentencia no hace referencia al
delito de denegación de auxilio o abandono de la asistencia sanitaria,
sino que sólo se detiene en examinar si se ha producido un delito de
homicidio imprudente como consecuencia del fallecimiento de una paciente
en la sala del despertar tras las labores de reanimación de la ayudante
técnico sanitario, quién solicitó ayuda a la médico de guardia y a una
internista que se encontraba en el hospital.
La falta de conexión directa entre la conducta reprochable del médico y
el fallecimiento, impide establecer la responsabilidad penal por homicidio
imprudente. La ruptura del nexo causal se produce por la intervención de
terceros, que se ajustó a protocolo y en un tiempo que se considera
prudencial desde los primeros síntomas de alarma. Según la opinión del
médico forense en el acto del juicio, la presentación por la paciente de
una oxigenación del 81 por ciento en una medición no es significativa
como para exigir la presencia del anestesista. La paciente -intervenida de
una resección histeroscópica de un pólipo endometrial- entró en parada
cardiorespiratoria en la sala del despertar tras vómitos y convulsiones.
REF. 174/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Faltas
de vejaciones y contra el orden público por agresión verbal a médico en
hospital
La agresión verbal mediante acusaciones a una médico de la sanidad
pública constituye una falta de orden público (artículo 634 del Código
Penal) y otra de vejaciones injustas del artículo 620.2 del mismo texto
legal, según una sentencia del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción de Llerena, en Badajoz.
La Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Badajoz, que defendió a
la facultativa, considera que “se trata de un paso muy importante en el
reconocimiento legal de los médicos como autoridad pública en el
ejercicio de sus funciones, añadiendo a ello la necesidad de proteger su
propia dignidad y consideración personal, suponiendo la respuesta penal
más contundente que cabe en nuestro Derecho ante este tipo de
infracciones leves”. Se trata posiblemente de la primera sentencia que
reconoce al mismo tiempo estas faltas, una contra el orden público y otra
contra la personalidad de la denunciante, lo que la sentencia condena con
una pena de multa de 20 días a razón de 5 euros diarios por la primera,
y una sanción de 15 de días de multa de cinco euros por día por la
segunda. Los hechos se produjeron en dos secuencias, primero en los
pasillos del Servicio de Urgencias del Hospital de Llerena, y después en
una sala privada, donde la acusada culpaba a la médico de la muerte de su
padre. Dos testigos presenciaron los hechos, lo que en concordancia con lo
denunciado lleva al tribunal a declarar que se faltó al respeto y la
consideración debida a la médico en el ejercicio de sus funciones.
REF. 175/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
CONTENCIOSO
El
Constitucional censura un cese basado en datos de salud obtenidos de forma
irregular
Iñigo Barreda. La protección constitucional del derecho a la intimidad tiene su máxima expresión en relación con los datos personales de salud. El Tribunal Constitucional se ha manifestado en varias ocasiones sobre los límites del derecho a la intimidad en la comunicación de los datos de salud, pero en una sentencia reciente cierra resquicios de duda en torno a esta cuestión. Su sentencia censura el uso de datos de salud obtenidos de forma irregular por un Ayuntamiento que tiene como consecuencia la exclusión de un candidato a policía municipal de las pruebas selectivas y su posterior cese cuando ya desempeñaba la plaza en prácticas. El Constitucional otorga el amparo solicitado por el funcionario cesado al anular la sentencia -TSJ del País Vasco, del 26 de julio del 2006, Sala de lo Contencioso Administrativo-, confirmatoria de la Resolución que excluyó al candidato basándose en un dato de salud -diabetes mellitus- obtenido irregularmente. El Constitucional, que sólo interpreta la legalidad de la actuación administrativa en relación con la exclusión del candidato del proceso selectivo, se pronuncia sobre unos hechos que también fueron juzgados en sede penal -ver en ADS nº 126 / Abril 2006-.
REF. 176/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Supremo
/ Comunicación ilegal de datos de salud que produce despido de trabajador
El criterio de ilegalidad de la comunicación de datos de salud no
consentida es coincidente tanto en la sentencia del Tribunal Constitucional
que se reproduce en páginas anteriores como en la que se publica a
continuación, del Tribunal Supremo (TS). La similitud de sus fundamentos
alcanza incluso a los supuestos de hecho que analizan: en la del
Constitucional se censura el cese de un funcionario basado en datos de salud
-diabetes mellitus- obtenidos fuera del contexto y la finalidad para los que
fueron recabados. En la del Supremo, se censura una comunicación irregular
de datos de salud -realizada por una mutua de accidentes de trabajo y
accidentes profesionales- que tiene como consecuencia el cese del
trabajador.
El fallo del Supremo corrige la sentencia de la Audiencia Nacional * (AN),
que calificó de legítima la cesión de datos de salud del trabajador por
tratarse de una excepción legal amparada en la finalidad de prevención
laboral (ver texto y comentario de la resolución de la AN en ADS nº 151 /
2008). El Supremo tiene en cuenta la regla general de la máxima
confidencialidad de los datos de salud, para afirmar después que los
obtenidos como consecuencia de la vigilancia de la salud laboral no pueden
usarse con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador (artículo
22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales). “Lo que significa que
la mutua sólo puede decir al empresario si reputa apto al trabajador, sin
proporcionar otra información adicional”. La mutua fue sancionada con
elevadas multas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) por
incorporar datos clínicos de un proceso de incapacidad temporal a otro
realizado con una finalidad distinta y para una tercera empresa, cuyo
objetivo era valorar la aptitud del trabajador para su continuidad laboral.
Las multas fueron anuladas después por la AN. El Supremo respalda el
criterio de la AEPD y expresa que los datos de salud están protegidos por
el derecho fundamental a la intimidad. En una ilustrativa sentencia examina
los preceptos de la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente referidos al
principio de unidad de la historia clínica (artículo 14 y ss.), a los
derechos de acceso (del paciente, no de terceros, artículo 18), y a la
obligación de custodia activa y diligente de la HC, para afirmar que el
beneficiario de la información no es el sistema sanitario, sino el
paciente. “El carácter unitario de la historia clínica no tiene por
objeto facilitar su trabajo a las mutuas, ni menos aún a los empresarios,
(...) permiten una asistencia mejor, pero esta mejora no se justifica por el
ahorro de esfuerzo para terceros (personal sanitario, Administración o
empresarios)”, dice el Tribunal Supremo en su sentencia.
REF. 177/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Urgencia
/ Error diagnóstico por infracción de protocolo de dolor abdominal
El error diagnóstico por mala praxis es un supuesto de pérdida de
oportunidad de tratamiento que no puede quedar indemne, según el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
La evolución doctrinal del criterio de pérdida de oportunidad médica se
acentúa sobre todo en relación con los servicios de urgencia, tal y como
se refleja en distintas sentencias publicadas en ADS (ver Cfr. adjunto).
El trabajo publicado en los números de diciembre del 2008 y enero del
2009 por el jurista Juan Siso también hacía referencia a esta tendencia
jurisprudencial. En el supuesto que analiza el TSJ de Madrid se produce un
error diagnóstico en el servicio de urgencias de un hospital por omisión
de pruebas médicas complementarias. La sintomatología del paciente
cuestionaba el diagnóstico inicial de probable cólico biliar no
complicado, y además concurrían antecedentes que debían llevar al
médico a una mayor prudencia, “analizando la causa del elevado número
de leucocitos que destacaba la analítica y practicando una gasometría y
una RX de tórax PA, como exigen los protocolos ante dolor abdominal en
urgencias (...)”. La omisión de estas pruebas complementarias se
califica de mala praxis indemnizable.
REF. 178/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
El
Supremo acepta un consentimiento genérico en intervención de alto riesgo
La información genérica de la posibilidad de riesgos graves en el consentimiento escrito tiene validez jurídica, aunque el daño sea colateral y afecte a un órgano distinto al intervenido, según el Tribunal Supremo. Su sentencia desestima una reclamación por daños producidos en el transcurso de un cateterismo cardiaco a un menor para tratar el soplo de corazón que padecía de nacimiento. Durante la intervención se produce un desgarro de la válvula anterior mitral que tiene como consecuencia una estenosis aórtica de carácter permanente - estrechamiento de la aorta-. El padre del menor basaba su reclamación en que la intervención dañó un órgano sano -válvula anterior mitral- cuando el objeto de ésta era la válvula enferma hasta ese momento, la aórtica. Alegaba también que el consentimiento estaba viciado por varias razones: presentarse a la firma unas horas antes de la intervención sin tiempo para la reflexión, no ofrecer información precisa sobre la naturaleza de los riesgos y alternativas, y no ser firmado por el médico. El Supremo responde que la ley aplicable -Ley General de Sanidad- no exigía un tiempo de reflexión ni la firma del médico. En relación con la calidad de la información, el alto tribunal considera que el consentimiento, aunque genérico, expresaba la posibilidad de complicaciones y secuelas. Debe recordarse, no obstante, que la doctrina imperante sobre consentimiento informado en intervenciones de alto riesgo exige una información completa y específica de riesgos posibles y alternativas.
REF. 179/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
El
Supremo exige un consentimiento preciso, aunque no indemniza su omisión
si no hay daño
La doctrina sobre el consentimiento informado se redefine con cada
sentencia en el Tribunal Supremo, de tal forma que en la actualidad
podría decirse que no existe un criterio unánime en torno a esta
cuestión. Parece incluso que últimamente la tendencia del alto tribunal
es flexibilizar la exigencia legal del consentimiento.
En este número de ADS se publican dos sentencias del mimo tribunal y
ponente que muestran un criterio distante en torno a las obligaciones de
información en el consentimiento. En la sentencia publicada en páginas
anteriores el Supremo avala un consentimiento en una intervención de alto
riesgo al interpretar que informaba, aunque de forma genérica, de riesgos
y complicaciones posibles. En la sentencia objeto de este comentario, el
magistrado sostiene, sin embargo, que el consentimiento debe ser preciso y
detallado. Las dos sentencia que redacta se refieren a supuestos acaecidos
durante la vigencia de la Ley General de Sanidad de 1986, norma en la que
ya figuraba la obligación de información completa, continuada verbal y
escrita. En la segunda sentencia también destaca una posición del
Supremo que sí parece unánime en relación con el consentimiento: sólo
se indemniza su omisión cuando se materializa un riesgo del que no ha
sido informado el paciente. Como en el caso de autos el tribunal entiende
que se produce la curación, la omisión del consentimiento no produce
efectos indemnizables, aunque se considera una actuación médica ilegal
que puede dar lugar a sanción disciplinaria.
REF. 180/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
AMM
/ Declaraciones. Nueva Delhi 2009
ADS. En la última Asamblea General de la Asociación Médica Mundial (AMM,
Nueva Delhi, octubre 2009) se aprobaron once Declaraciones y cinco
Resoluciones sobre principios y recomendaciones con incidencia en aspectos
éticos del ejercicio profesional. En el número anterior de ADS se
publicaba el texto íntegro de la Resolución sobre Delegación de Funciones
de la Profesión Médica, y las Declaraciones sobre Regulación Profesional,
sobre Conflictos de Intereses, y sobre Principios Directivos para el Uso de
la Telesalud en la Prestación de la Atención Médica. Continuamos en este
número con la publicación de la Declaración sobre Investigación con
Células Madre Embrionarias y la Declaración sobre la Genética y la
Medicina.
REF. 181/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Nuevo
marco regulador de los productos sanitarios
El Ministerio de Sanidad y Política Social ha actualizado el marco
reglamentario de los productos sanitarios mediante el Real Decreto 1591/2009
y el de los ‘productos sanitarios implantables activos’ a través del
Real Decreto 1616/2009 *. Las dos normas, que actualizan la normativa
nacional vigente y la comunitaria, establecen el nuevo régimen de
obligaciones -a partir de su entrada en vigor, el 21 de marzo del 2010- en
la fabricación, distribución e importación de productos sanitarios entre
los que destacan garantías de calidad, seguridad y vigilancia tanto en la
fase de investigación clínica como en la de puesta en servicio en el
mercado. Los profesionales sanitarios y usuarios también estarán obligados
a notificar defectos de producto, incidentes y efectos adversos de los
productos sanitarios al Sistema de Vigilancia de Productos Sanitarios. La
finalidad de la nueva regulación es garantizar la libre circulación de los
productos sanitarios garantizando al mismo tiempo un nivel de protección
elevado para la seguridad de los pacientes y minorando los riesgos para su
salud. Los centros sanitarios deberán designar un responsable de vigilancia
para los procedimientos de notificación de incidentes. De acuerdo con la
Ley de Autonomía del Paciente, se facilitará al paciente y se incluirá en
su historia clínica la información sobre cualquier producto sanitario
implantable que reciba en el curso de su tratamiento. También se regula el
consentimiento y la obligación de confidencialidad en relación con la
información obtenida de pacientes y usuarios para dar cumplimiento a las
prescripciones sobre secreto profesional.
REF. 182/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Valencia
/ Decreto prevención agresiones
Los Departamentos territoriales de Salud de Valencia deberán aplicar el
Plan Integral de Prevención y Atención de Agresiones a Trabajadores del
Sector Sanitario Público que apruebe el Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Consejería de Sanidad. Así lo dispone la nueva
regulación por Decreto de las directrices en materia de prevención de
las agresiones al personal sanitario. Un 25 por ciento de los incidentes
de violencia en el trabajo tienen lugar en el sector sanitario, según
pone de manifiesto el Decreto citando datos de la Organización
Internacional del Trabajo. El problema de las agresiones a sanitarios
tiene relevancia incluso en su tratamiento jurídico, pues en los últimos
años los tribunales han visto incrementada su actividad debido al aumento
de denuncias por agresiones físicas o verbales.
Valencia prevé en este norma un tratamiento integral del problema
mediante actuaciones de formación e información del personal, e incluso
con la creación de un Registro Informatizado de Agresiones. El objetivo
es tener un conocimiento minucioso del fenómeno de la violencia a través
de mapas de agresiones para después aplicar medidas preventivas
adecuadas.
REF. 183/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Valencia
regula la protección de datos de salud en asistencia ambulatoria
El sistema de información de asistencia ambulatoria de Valencia contará con medidas especiales que permitan el acceso seguro a personas autorizadas con un registro de actividad y auditorías periódicas del sistema, según una resolución de la Secretaría Autonómica. Su objetivo es velar por la calidad e integridad de la información de salud en beneficio del paciente y cumpliendo al mismo tiempo con las prescripciones especiales que la ley exige para la protección de datos sanitarios en orden a garantizar la intimidad. En este sentido, se trata de una norma pionera en el sector sanitario público que establece además la trazabilidad de todo el proceso de solicitud, tratamiento y cesión de datos y de las personas que han intervenido. Particular interés tiene la definición de procedimiento de disociación, del registro anonimizado o irreversiblemente disociado y el anonimizado reversiblemente disociado, la información interna de carácter asistencial, y la externa, de carácter científico. La norma constituye una Comisión Técnica que regulará las condiciones de acceso a la información del sistema. La cesión de datos agregados o macrodatos se realizará de forma encriptada con una clave de trabajo con un compromiso de confidencialidad por el peticionario, que los utilizará sólo para la finalidad con que son cedidos. Cabe destacar en relación con la materia que es objeto de regulación que Valencia fue advertida en 2008 por la Agencia Española de Protección de Datos para corregir deficiencias de seguridad de Abucasis, sistema de información sanitaria autonómico.
REF. 184/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Murcia
/ Ley de apoyo a la mujer embarazada
REF. 185/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Castilla
y León / Crédito para financiar pandemia de gripe
REF. 186/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Castilla-La
Mancha / Decreto del personal emérito
REF. 187/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Sistema
informático de Sanidad exterior
REF. 188/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Galicia
/ Modificación decreto tarjeta sanitaria
REF. 189/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Cataluña
/ Orden de entidades de salud municipalistas
REF. 190/09 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)
Medicamento
defectuoso y responsabilidad
Recientemente tuvo lugar en Madrid la presentación de una obra que aúna la doctrina jurídica y farmacológica en torno al medicamento y los productos sanitarios, especialmente en relación con la definición legal y jurisprudencial de producto defectuoso. El abogado especialista en Derecho Farmacéutico Enrique Sánchez de León -Sánchez de León Abogados- dirige un trabajo en el que intervienen él mismo y otros juristas -Juan Gillard, José María Martín del Castillo, entre otros- y farmacéuticos, así como el magistrado emérito del Tribunal Supremo Luis Martínez-Calcerrada. Durante la presentación, tanto abogados como farmacéuticos manifestaban la necesidad de conciliar la evidencia científica y la doctrina jurídica para enfrentarse a casos judiciales que adolecen en muchas ocasiones de asesoramiento técnico experto. Martínez Calcerrada explicó que “la envergadura de estos asuntos desde el aspecto procesal es impresionante. La prueba pericial es uno de los factores de gran complejidad que debe captar el propio juez”. Por otra parte es necesario un encuentro entre la evidencia científica y la práctica clínica en beneficio del paciente, de forma que los profesionales sanitarios realicen una lectura crítica de la información del medicamento y los productos sanitarios.
Títulos: 'Las responsabilidades por Medicamento Defectuoso'
Dirección: Enrique Sánchez de León.
Coordinación: Javier Gómez-Carrillo Carrasco.
Autores: Varios.
Edita: Sánchez de León Abogados. Consulting de Derecho Sanitario.
Páginas: 259.
Pedidos: La Librería de Instituto de Fomento Sanitario.
E-mail: ads@actualderechosanitario.com
Tf. 91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
Hoy día es evidente que, en muchos países de ingresos bajos y medianos, alcanzar las metas más importantes de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y en concreto las relativas a la salud, exige aumentar considerablemente el número de trabajadores sanitarios. Se calcula que faltan en el mundo unos 2,3 millones de médicos, enfermeros y parteros, y más de 4 millones de trabajadores sanitarios en general. Esta publicación es fruto de una iniciativa conjunta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigida a documentar métodos e intercambiar experiencias en el terreno de la medición y el seguimiento de los recursos Humanos, alentar a los países y los asociados a sacar partido de dichas experiencias, y compilar recomendaciones sobre seguimiento y evaluación del personal sanitario destinadas a los ministerios de salud y otros interesados directos.
Título: 'Manual de Seguimiento de los Recursos Humanos para la
salud'.
Autores: Dal Poz, M.R., Gupta, N., Quain, E., Soucat, A.L.B.
Edita: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud..
Páginas: 197.
Pedidos: La Librería de Instituto de Fomento Sanitario.
E-mail: ads@actualderechosanitario.com
Tf. 91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
Derecho Farmacéutico, de especial contenido práctico, se encuentra dividido en tres partes diferenciadas. En la primera parte, se realiza el estudio (legislativo y jurisprudencial a nivel estatal y de comunidades autónomas) del ejercicio profesional del farmacéutico en las oficinas de farmacia, tanto de los diferentes puestos que puede ocupar en la misma, como de sus incompatibilidades, colegiación, libros de tenencia obligatoria en la farmacia, requisitos de las secciones que pueden funcionar en la farmacia, horarios mínimos y ampliados de la oficina de farmacia, así como de los convenios de oficinas de farmacia. La segunda parte se centra en el análisis de las transmisiones de las oficinas de farmacia. Se estudian los contratos de compraventa, arrendamientos de los locales de negocio de las oficinas, etc. La tercera parte, de contenido especialmente jurisprudencial, aborda la autorización de oficinas de farmacia en núcleos de población de 2.000 habitantes, del sistema de cómputo de los habitantes de hecho y de derecho, del índice de ocupación de viviendas y de la documentación exigida.
Título: 'Derecho farmacéutico'.
Autora: Mª del Carmen Vidal Casero.
Edita: Thomson-Aranzadi.
Páginas: 2.293.
Pedidos: La Librería de Instituto de Fomento Sanitario.
E-mail: ads@actualderechosanitario.com
Tf. 91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
Ética y enfermería analiza la enfermería como profesión, su identidad y características propias, y también la complejidad de los conflictos morales a los que han de enfrentarse los profesionales de la enfermería, aportando fundamentos y procedimientos para una toma de decisiones responsable y coherente con el perfil profesional trazado.
Título: 'Ética y enfermería'.
Autora: Lydia Feito Grande.
Edita: U. Pontificia de Comillas.
Páginas: 286.
Pedidos: La Librería de Instituto de Fomento Sanitario.
E-mail: ads@actualderechosanitario.com
Tf. 91 351 43 28.
Fax 91 351 27 65.
CONSEJO ASESOR
Presidente honorífico
Enrique Ruiz Vadillo 
Tribunal Constitucional.
Presidente
José Manuel Martínez-Pereda,
Magistrado. Tribunal Supremo.
Vocales
José M. Alvarez-Cienfuegos. Magistrado. Magistrado del Tribunal
Supremo.
José Antonio Seijas Quintana,
Presidente Audiencia Provincial de Asturias.
Santiago Pelayo, Abogado.
Julio Galán Cortés, Abogado.
Doctor en Medicina.
Editor Iñigo
Barreda
Coordinador Carlos Barreda
Redacción Pablo Parrón