Nº 81 marzo 2002
SUMARIO
INFORME:
La contratación de productos y servicios hospitalarios precisa de un marco
normativo propio
(Pablo Parrón. ads@actualderechosanitario.com)
SENTENCIAS:
CIVIL:
El Supremo indemniza un contagio VHC por no informar de alternativas
a la transfusión
Sala de conflictos del Supremo: la demanda contra el Estado y aseguradora,
a la vía civil
PENAL:
Ginecología / Condena penal al médico por falta de pericia en la
técnica del parto
Prisión e inhabilitación para ginecólogo y anestesista por homicidio
imprudente
Prisión e inhabilitación especial por no ordenar cesárea a pesar
del sufrimiento fetal
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO:
Supremo: la Administración responde por contagios de VHC posteriores
a 1990
Cantabria: el Supremo anula el acuerdo colegial para repartir gastos
entre farmacias
SOCIAL:
El Servasa indemnizará a un sindicato por daño moral al excluirle
de una negociación
El Supremo recuerda al Insalud que debe pagar el colegio a quien
trabaje en exclusiva
SAS: el ATS no tiene que cubrir atención a domicilio fuera de su
zona de salud
TSJ Asturias: el Insalud debe cotizar por los refuerzos también los
días no trabajados
NORMATIVA:
Ley de creación del Servicio Cántabro de Salud
Valencia crea una empresa privada para acreditar y evaluar las prácticas
sanitarias
DOCUMENTOS ADS:
Alternativa al RETA en Asturias, Cataluña y Baleares
BOLETINES OFICIALES:
Comunidad Europea
BOE
Cataluña
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Valencia
INFORME
La contratación de productos y servicios hospitalarios
precisa de un marco normativo propio
(Pablo Parrón. ads@actualderechosanitario.com)
La peculiaridad de la contratación hospitalaria ha puesto de manifiesto
en el III Congreso de Gestión Sanitaria la necesidad de un espacio normativo
propio que regule supuestos especiales como, por ejemplo, la compra de
medicamentos o vacunas en distintas situaciones de urgencia o necesidad,
precios de mercado, compra centralizada, monopolio de producto o marca,
etc.
La especial protección de la salud que confiere al Estado la Constitución hace que la compra de productos, bienes y servicios hospitalarios esté sometida a las máximas exigencias de seguridad, calidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y concurrencia, como manifestaron los ponentes de las conferencias, organizadas por Instituto de Fomento Sanitario y Actualidad del Derecho Sanitario.
El amplio abanico de supuestos de contratación fue analizado desde la óptica de los distintos agentes involucrados tanto en la compra como en la provisión, partiendo de las recomendaciones de los representantes del Ministerio de Hacienda, organismo impulsor del nuevo Reglamento de Contratación de las Administraciones Públicas. Su inminente entrada en vigor implica el ajuste de los contratos a los nuevos requisitos reglamentarios de licitación, clasificación, adjudicación, y revisión de condiciones pactadas, entre otros.
La cofinanciación de contratos entre administraciones públicas
fue presentada como una fórmula válida en el nuevo escenario de la Sanidad
tras las transferencias, en un congreso al que asistieron responsables
de gestión de todos los Servicios de Salud.
REF. 27/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ
)
Civil
Penal
Administrativo
Social
El Supremo indemniza un contagio VHC por no informar de alternativas
a la transfusión
Sala de conflictos del Supremo: la demanda contra el Estado y aseguradora,
a la vía civil
El
Supremo indemniza un contagio VHC por no informar de alternativas a la
transfusión
El Tribunal Supremo ha condenado a un centro médico privado por un contagio
transfusional de VHC producido al practicarse una cesárea en 1985, por
no haberse informado a la paciente de las alternativas a la transfusión.
Indica el Supremo que a principios de 1983 se conocía ya que el Sida se transmitía por vía de transfusiones y que a finales de dicho año comenzó a utilizarse el método Wester Blot para descubrir su presencia en sangre. El centro médico debió haber informado a la paciente de la posibilidad de no someterse al tratamiento o de la de recibir la sangre de sus familiares y allegados y no del servicio sanitario de prestación de sangre, donde no existían garantías para evitar el sida.
Además, el centro tuvo tiempo de sobra para informar a
la paciente pues la necesidad de practicar la cesárea era conocida cuatro
meses antes de la fecha del alumbramiento, lo que revela una total falta
de previsión.
REF. 28/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse
AQUÍ
)
Sala
de conflictos del Supremo: la demanda contra el Estado y aseguradora,
a la vía civil
La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo ha declarado que la jurisdicción
competente para juzgar demandas contra la Administración y su aseguradora
es la civil, y no la contencioso-administrativa como ha defendido alguna
corriente doctrinal.
Este supuesto ha sido especialmente discutido y contestado por los civilistas en el mismo sentido que ahora declara el Supremo, haciendo valer la Ley del Contrato de Seguro -artículo 76: “El perjudicado y sus herederos tienen acción directa contra el asegurador (...)”-, y la tutela judicial sancionada por la Constitución.
Añade el auto del alto tribunal que la reciente reforma
de la responsabilidad de la Administración no contempla de forma expresa
que las aseguradoras sean juzgadas en lo contencioso, por lo que se confirma
la vigencia de la fuerza atractiva del orden civil cuando la legislación
vigente no atribuye competencia jurisdiccional alguna.
REF. 29/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
Ginecología / Condena penal al médico por falta de pericia en la
técnica del parto
Prisión e inhabilitación para ginecólogo y anestesista por homicidio
imprudente
Prisión e inhabilitación especial por no ordenar cesárea a pesar
del sufrimiento fetal
Ginecología
/ Condena penal al médico por falta de pericia en la técnica del parto
El Tribunal Supremo ha rectificado una sentencia de la Audiencia de Murcia
que no condenó a un ginecólogo alegando un presunto vacío legal que impediría
sancionar los daños causados a un recién nacido, sobre la base de que
no puede considerarse persona.
El Supremo trae a colación la sentencia 53/1985 del Constitucional que declara que en Derecho Penal no existe un precepto que delimite a los efectos pertinentes la consideración jurídica de persona, como sí ocurre en el Derecho Civil, pero no cabe duda de que desde que se inicia el parto debe darse la mayor efectividad a los derechos a la vida, a la integridad física y a la salud que proclaman los artículos 15 y 43 de la Constitución. En este sentido, el comienzo del parto, surge con el periodo de dilatación.
La sentencia condena al ginecólogo que practicó un parto
con ventosa cuando el feto estaba en primer plano de Hodge, y absuelve
a la matrona.
REF. 30/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
Prisión
e inhabilitación para ginecólogo y anestesista por homicidio imprudente
La negligente desatención de un ginecólogo y un anestesista en el seguimiento
de un parto con cesárea y resultado de muerte para la madre, ha sido calificado
de homicidio por imprudencia grave y sancionado con una indemnización
de 40.000.000 de pesetas, un año de prisión e inhabilitación para el ejercicio
de la profesión durante tres años para ambos profesionales.
Se considera probado que al final de la intervención, la paciente sufrió una importante pérdida de sangre, riesgo perfectamente previsible en este tipo de intervenciones, que ninguno de los dos facultativos detectó hasta que sonó la alarma del monitor, cuando ya era tarde para lograr la reanimación de la parturienta, que falleció por parada respiratoria.
La dificultad de modular la responsabilidad de cada facultativo
determina su condena conjunta por un delito de imprudencia profesional
grave. El único resultado positivo del parto fue el nacimiento sano del
bebé.
REF. 31/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
Prisión
e inhabilitación especial por no ordenar cesárea a pesar del sufrimiento
fetal
La Audiencia Provincial de Segovia ha confirmado la condena a un ginecólogo
que no ordenó la práctica de una cesárea tras dos descensos importantes
de la frecuencia cardíaca del feto en menos de una hora.
Dicha actuación, causante del sufrimiento fetal, es calificada por el tribunal como imprudencia profesional por omisión de deberes fundamentales al actuar con máxima dejación y olvido de los deberes técnicos.
Al final se practicó una cesárea, si bien quien lo ordenó no fue el médico condenado sino la compañera que le sustituyó al finalizar su periodo de guardia.
El fatal desenlace, sin embargo, no pudo evitarse y el
bebé nació con retraso mental severo crónico, transtorno psicomotor con
imposibilidad de caminar, hipertonia e hiperextensión, epilepsia, dificultades
de deglución y alteraciones respiratorias, todas ellas, secuelas permanentes,
estables e irreversibles.
REF. 32/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Supremo: la Administración responde por contagios de VHC posteriores
a 1990
Cantabria: el Supremo anula el acuerdo colegial para repartir gastos
entre farmacias
Supremo:
la administración responde por contagios de VHC posteriores a 1990
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo insiste en la responsabilidad
patrimonial de la Administración por contagios de VHC posteriores a 1990.
El Alto Tribunal recuerda que en 1990, no sólo estaba aislado el virus de la hepatitis C sino que, además, era obligatorio practicar pruebas para su detección.
No obstante, la Administración también responde por contagios anteriores al aislamiento del VHC, cuando la sangre donada responsable del contagio proceda de un enfermo diagnosticado de hepatitis no A no B.
El Supremo censura a la Unidad de Responsabilidad Patrimonial del Insalud que, pese a haber tramitado un ingente número de casos similares, sigue alegando ausencia de negligencia, prescripción de la acción, o concurrencia de fuerza mayor aun sabiendo que no van a prosperar.
Igualmente se critica el desamparo administrativo al que
se ha visto sometida la demandante.
REF. 33/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
Cantabria:
el Supremo anula el acuerdo colegial para repartir gastos entre farmacias
El Tribunal Supremo ha anulado un acuerdo del Colegio Oficial de Farmacéuticos
de Cantabria, confirmado por el Consejo General de Colegios Farmacéuticos,
que regulaba la forma de repercutir entre las oficinas de farmacia el
gasto derivado de la recepción y ordenamiento de los datos necesarios
para confeccionar las cintas de facturación.
El acuerdo anulado establecía que únicamente las farmacias que alcanzasen una facturación media mensual de cuatro millones de pesetas contribuirían al pago del referido gasto, añadiendo además una serie de porcentajes progresivos en función de la facturación de cada oficina de farmacia.
El Supremo entiende que dicho acuerdo infringe el principio
de igualdad del artículo 9.2 de la Constitución al no tener en cuenta
datos individualizados de costes e ingresos, sino simplemente el cálculo
de facturación o venta, lo que da lugar a su total anulación y reintegro
de lo abonado por exceso.
REF. 34/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
El Servasa indemnizará a un sindicato por daño moral al excluirle
de una negociación
El Supremo recuerda al Insalud que debe pagar el colegio a quien
trabaje en exclusiva
SAS: el ATS no tiene que cubrir atención a domicilio fuera de su
zona de salud
TSJ Asturias: el Insalud debe cotizar por los refuerzos también los
días no trabajados
El
Servasa indemnizará a un sindicato por daño moral al excluirle de una
negociación
La Administración sanitaria de la Comunidad Valenciana deberá indemnizar
con un millón de pesetas al sindicato Comisiones Obreras por excluirle
de un proceso de negociación para aumentar el complemento específico del
personal del Servicio Valenciano de Salud para los años 2000 y 2001.
El Tribunal Supremo afirma que la exclusión de un sindicato con derecho a participar en una negociación causa un daño moral indemnizable ya que deteriora su imagen con respecto, al menos, a sus afiliados cuyos derechos no podrán ser defendidos ni podrán ser puntualmente informados del curso de las negociaciones.
Además, el derecho de negociación colectiva, aunque con
carácter general no es un derecho fundamental, sí adquiere esta cualidad
cuando se refiere a un sindicato, puesto que se integra en el capítulo
de garantías básicas de la libertad sindical.
REF. 35/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
El
Supremo recuerda al Insalud que debe pagar el colegio a quien trabaje
en exclusiva
El Tribunal Supremo ha reiterado la obligación del Insalud de abonar las
cuotas colegiales de sus profesionales, una enfermera en el caso de autos,
siempre que se cumplan dos requisitos, que la colegiación del profesional
sea obligatoria y que el mismo desarrolle su actividad en exclusiva para
el Insalud.
La obligación del Insalud surge como consecuencia del abono que se realiza de las mismas cuotas a favor de sus letrados, desde 1990, de los médicos de los equipos de valoración de incapacidades, desde 1992, y de los médicos inspectores, desde 1998, pues lo contrario vulneraría el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución.
Se trata de una sentencia de gran trascendencia a la que,
una vez transferidas las competencias sanitarias, deberán prestar especial
atención los servicios de salud de todas las comunidades autónomas, pues
afecta a gran número de trabajadores en similar situación.
REF. 36/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
SAS:
el ATS no tiene que cubrir atención a domicilio fuera de su zona de salud
La libre elección de médico general y pediatra que se oferta al paciente
en Andalucía desde 1994 ha planteado múltiples problemas organizativos
en los centros sanitarios de la Comunidad Autónoma.
Tras varias sentencias de carácter contradictorio de las que ha informado ADS, el Tribunal Supremo aclara en esta resolución que la reforma introducida en esta materia en 1999 deja claro que los ATS no tienen que prestar atención domiciliaria como consecuencia de la libre elección de médico.
Efectivamente, la Disposición Adicional Primera de la Orden
de 09.06.99, que reguló el procedimiento de libre elección de médico general
y pediatra, señala que de la libre elección quedarán excluidas las funciones
de los centros que tengan una base organizativa territorial, y entre éstas
figuran “todas las que supongan un desplazamiento al domicilio del usuario
o a alguna institución comunitaria”.
REF. 37/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
TSJ
Asturias: el Insalud debe cotizar por los refuerzos también los días no
trabajados
Los Servicios de Salud están obligados a cotizar por los médicos de refuerzo
durante todo el periodo que dure su contratación, y no sólo los días de
trabajo efectivo.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias comienza así a confirmar las sentencias de varios juzgados de Avilés y Oviedo que han corregido la ilegal práctica del Insalud consistente en cotizar por los refuerzos únicamente los fines de semana y festivos, días en que en principio prestan sus servicios.
El tribunal recuerda que el artículo 106.2 de la Ley General de la Seguridad Social impone la obligación del empleador de cotizar por sus trabajadores de forma ininterrumpida, aún cuando se trate de trabajos discontinuos.
La pretensión del Insalud de que se aplicase su instrucción
de 06.07.99, lo que legitimaría su actuación, es rechazada porque la misma,
en virtud del principio de jerarquía normativa, carece de eficacia normativa
para sustituir a una ley.
REF. 38/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
Ley de creación del Servicio Cántabro de Salud
Valencia crea una empresa privada para acreditar y evaluar las prácticas
sanitarias
Ley
de creación del Servicio Cántabro de Salud
Cantabria ha diseñado por ley su Servicio de Salud como medida complementaria
del decreto de transferencias del Insalud.
En su articulado prevé la coordinación del personal estatutario y funcionario, la organización y distribución de competencias, el patrimonio y los recursos económicos, la contratación, el régimen económico financiero, el control, la responsabilidad patrimonial, las impugnaciones, la revisión de oficio y la representación y defensa en juicio, entre otras cuestiones.
Asigna las funciones a los órganos de dirección, de gestión y de participación, y crea el Consejo Asesor de Salud en el que estarán representadas instituciones, asociaciones de consumidores, organizaciones sindicales y empresariales.
En el Anexo se publican los Estatutos del Servicio Cántabro de Salud, la composición y funciones del Consejo de Dirección, el estatuto jurídico del gerente y sus funciones, así como las del Consejo Asesor de Salud.
El primer traspaso de competencias sanitarias a Cantabria
se materializó a través del Real Decreto 2030/1982, del 24 de julio, y
con la reforma del Estatuto de la Autonomía, operada por la Ley Orgánica
11/1998, del 30 de diciembre.
REF. 39/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
Valencia
crea una empresa privada para acreditar y evaluar las prácticas sanitarias
El Gobierno Valenciano ha creado una empresa privada, denominada Instituto
para la Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias, dependiente
de la Consejería de Sanidad, para acreditar centros y servicios de salud,
y en general las prácticas sanitarias de los profesionales para desarrollar
investigaciones y actividades formativas.
Su promoción a través de una fórmula societaria privada ha sido contestada ampliamente por distintos colectivos, especialmente sindicatos de la comunidad valenciana.
El Instituto tendrá consideración de Empresa de la Generalidad Valenciana, con todos los títulos y poderes para poder funcionar como una entidad privada con un capital social fundacional de 180.300 euros (30.000.000 de pesetas), dividido en 600 acciones de trescientos euros con cincuenta céntimos de valor nominal cada una, de igual clase y serie, íntegramente suscritas y desembolsadas al cien por cien.
Un Consejo Científico compuesto por profesionales de prestigio
se encargará de fomentar cuatro áreas: de especialidades médicas y quirúrgicas,
de gestión y garantía de calidad, de administración y organización, y
de evaluación e investigación.
REF. 40/02 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ )
LIBROS
Responsabilidad por reproducción asistida
Desde sus orígenes, las técnicas de reproducción humana asistida han planteado
dilemas éticos y jurídicos de gran envergadura para los profesionales
de la medicina y el Derecho en particular, y para el ciudadano corriente
en general. Sucede además que los avances de la ciencia en los últimos
años han situado las posibilidades de las técnicas de reproducción asistida
en niveles jamás antes contemplados. Ya sea por la complejidad técnica
de la materia, ya sea por el vertiginoso transcurso de los acontecimientos,
la realidad es que hasta la actualidad no existen en España textos de
carácter práctico que orienten a los profesionales en materia de responsabilidad
por prácticas de reproducción asistida.
Fernando Abellán, abogado, y Javier Sánchez Caro, subdirector general
de Asesoría Jurídica del Insalud, ofrecen en esta obra las pautas necesarias
para medir la responsabilidad profesional basándose en casos que ya se
han presentado en la realidad. Así, por ejemplo, se tratan supuestos tan
interesantes como pueden ser las solicitudes de acceso a las técnicas
de reproducción asistida por parejas de mujeres homosexuales, por parejas
separadas legalmente en las que uno de los miembros cede al otro los embriones
sobrantes de una fecundación in vitro obtenidos antes de la separación,
la solicitud de donación de ovocitos entre hermanas gemelas univitelinas,
la posibilidad de destruir los gametos y embriones criopreservados durante
más de cinco años, las reducciones embrionarias, las solicitudes de admisión
de donantes y usuarios que padecen enfermedades, la debatida cuestión
de la compensación a los donantes, la investigación y experimentación
con gametos y embriones, cuestión esta de máxima actualidad, y, naturalmente,
el consentimiento informado específico de las técnicas de reproducción.
Título: Reproducción humana asistida y responsabilidad médica.
Autor: Fernando Abellán. Edita: Editorial Comares, Polígono Juncaril,
Parcela 208, 18220,
Albolote (Granada). Telf: 958 46 53 82. Fax: 958 46 53 83. E-mail:
comares@comares.com. Páginas: 149.
CONSEJO ASESOR
Presidente honorífico
Enrique Ruiz Vadillo 
Tribunal Constitucional.
Presidente
José Manuel Martínez-Pereda,
Magistrado. Tribunal Supremo.
Vocales
José M. Alvarez-Cienfuegos. Magistrado. Magistrado del Tribunal
Supremo.
José Antonio Seijas Quintana,
Presidente Audiencia Provincial de Asturias.
Santiago Pelayo, Abogado.
Julio Galán Cortés, Abogado.
Doctor en Medicina.
Editor Iñigo
Barreda
Coordinador Carlos Barreda
Redacción Pablo Parrón