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 La Rioja / Regulación de la visita médica

 Cataluña / Compra de servicios de base poblacional
 Asturias / Conjunto mínimo de datos hospitalarios
 Cataluña / Prevención y control de la legionelosis

 ¿Quién decidirá por mí?
  Derechos fundamentales y protección de datos
  Comentarios al Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud
  La autonomía del paciente. Información, Consentimiento y Documentación Clínica
  Tratamientos médicos: su responsabilidad penal y civil

INFORME/TRIBUNA

Nuevas medidas de regulación farmacéutica en la UE
Iñigo Barreda. El 30 de abril, el Diario Oficial de la CE publicó tres directivas y un reglamento que reforman la legislación sobre medicamentos de uso humano y veterinario (*). Estas normas modifican medidas anteriores de autorización y comercialización de medicamentos con el objetivo de atender a las innovaciones técnicas y científicas del sector manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de protección de la salud, sin dejar de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior de la Unión Europea.

De las normas apuntadas, la que más impacto tendrá en el mercado farmacéutico es el Reglamento 726/2004, ya que regula los procedimientos de autorización de medicamentos centralizado y acelerado, y contempla algunas situaciones especiales como la autorización urgente para responder a agentes patógenos en catástrofes biológicas. La Directiva 2004/27 regula el procedimiento descentralizado o de reconocimiento mutuo. El uso compasivo de medicamentos en pacientes crónicos sin respuesta a tratamientos autorizados no queda al margen de la regulación (Reglamento 726/2004), y de forma expresa se autoriza a los Estados a facilitar fármacos con dos condiciones: que estén sujetos a una solicitud de autorización de comercialización, o que estén siendo sometidos a ensayos clínicos.

Seguridad y eficacia de los fármacos
Este nuevo marco legal facilitará la coordinación de la política farmacéutica en el espacio comunitario, en el que la incorporación de nuevos Estados miembros obliga a una mayor exigencia de estándares obligatorios de calidad, seguridad y eficacia por todos los operadores. El enorme mercado que se abre en Europa a veinticinco países productores de medicamentos ha obligado también a adoptar medidas de farmacovigilancia y comunicación inmediata de reacciones adversas de fármacos fabricados en los distintos Estados miembros, o importados de otros países. Toda sospecha de reacción adversa deberá notificarse por vía electrónica por parte del titular de la autorización a todos los Estados miembros en plazo máximo de quince días, salvo en circunstancias excepcionales. Hay que destacar que las alertas por defecto de fabricación o las reacciones adversas graves estarán a disposición del público, y que la Comisión de las Comunidades Europeas editará una guía con recomendaciones para profesionales sanitarios.

La responsabilidad del medicamento es primero del fabricante, y después del distribuidor, comercializador e incluso del dispensador y prescriptor por el uso que  se haga del mismo, pero el Parlamento Europeo ha querido que el ciudadano contribuya también en las tareas de identificación de riesgos y mejora de la calidad de los productos que están en circulación. Las autoridades nacionales, por su parte, tienen asignadas potestades para intervenir de urgencia por razones de salud pública, para lo que se han previsto importantes recursos de vigilancia intensiva y comunicación electrónica de efectos adversos.

Tan importantes son los derechos del consumidor que la nueva regulación obliga a la autoridades a facilitar al público "sin dilación" una copia de la autorización comercial, de la ficha técnica, y del informe de evaluación (excluyéndose informaciones consideradas confidenciales por razones comerciales).

Por otra parte, se apuntala el campo de la responsabilidad legal al especificar el Reglamento que el titular de la autorización será siempre responsable de la comercialización del medicamento, y que la designación de un representante no exonera al titular de su responsabilidad jurídica.

Otra regulación de trascendencia para el sector y los consumidores es la de las plantas medicinales, para la que se ha previsto un procedimiento especial de registro simplificado en los casos en que no pueda obtenerse una autorización comercial por falta de literatura científica sobre la seguridad y eficacia del producto.

El Parlamento Europeo ha llevado a cabo esta reforma, pendiente de ampliarla con otras propuestas de reglamento, una sobre medicamentos pediátricos, y otra sobre el acceso a medicamentos patentados de los países pobres.
REF. 143/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

La política farmacéutica: Jaque a la Dama
En la partida de ajedrez que se está desarrollando en nuestro país en los últimos 5 ó 6 años, se veía venir una medida como la introducida por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, modificando la Ley del Medicamento, con el objetivo básico de que la aportación económica que realizan los Laboratorios a la investigación, quede desvinculada del aumento del gasto farmacéutico.
REF. 144/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

El Tribunal Supremo se refiere a que el peregrinaje jurisdiccional no puede perjudicar al que inicia su reclamación en vía penal y es remitido al orden civil por no haber falta punible o delito en la actuación de los demandados, como ocurre en el caso de autos.

No puede perjudicar al ciudadano que el principio de jurisdicción única obligue al demandante a comenzar de nuevo en la jurisdicción contenciosa las acciones iniciadas primero en vía penal y después en sede civil.

Primacía de los derechos fundamentales
La Sala Civil no ignora el conflicto de jurisdicciones latente a pesar de las últimas reformas, pero resuelve la reclamación remitiéndose a la jurisprudencia predominante sobre la primacía de la protección de derechos fundamentales.

Declara la culpa extracontractual por negligencia médica de todos los demandados, tres médicos de Traumatología, un otorrinolaringólogo, un neumólogo, y el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, condenándolos de forma solidaria a indemnizar a la viuda del afectado y a las hijas con una cifra global de 26.000.000 de pesetas.

Infracción de protocolos
Varios fallos en cadena fundamentan la responsabilidad de equipo que declara la sentencia, más concretamente la infracción de protocolos y normas de cuidado de los distintos especialistas que atendieron al paciente, que ingresó en estado grave con politraumatismo por un accidente de tráfico.

Una intubación endotraqueal prolongada hacía indispensable evitar el riesgo de estenosis, causante del óbito. La norma de cuidado exigía un seguimiento y vigilancia coordinada de los distintos especialistas, comprobando los efectos de la intubación y practicando una fibrobroncoscopia. El descubrimiento tardío de la estenosis contribuyó a la aparición del cuadro respiratorio agudo que causaría la muerte
REF. 145/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Otras sentencias de interés en ADS:
ADS nº 106 / junio 2004, pág. 495.Supremo: la tutela judicial exige que la autonomía abone deudas del Insalud
ADS nº 87 / octubre 2002, pág. 732. La demanda contra las aseguradoras del Estado reabre el conflicto jurisdiccional. 
ADS nº 63 / julio - agosto 2000, pág. 546. La vía social se atribuye competencia para juzgar daños anteriores a la reforma.
ADS nº 62 / junio 2000, pág, pág. 460. Otro problema de competencias alarga un proceso durante al menos cuatro años.
ADS nº 58 / feb. 2000, pág. 161. La demanda contra médico, Insalud y su aseguradora, a la vía contenciosa.
ADS nº 28 / mayo 1997, pág.266. Otro auto de la Sala de Conflictos niega a la vía social competencia para juzgar daños.
ADS nº 10 / oct. 1995, pág. 653. La Sala Social del Supremo se declara competente para juzgar daños sanitarios.
ADS nº 5 / mayo 1995, pág. 309. La vía contenciosa, única para juzgar daños posteriores a 1993.
ADS nº 105 / mayo 2004, pág. 398 . Condena por error en el manejo diagnóstico al impedir un abordaje terapéutico correcto.
ADS nº 95 / junio 2003, pág. 481. Condena por ignorar el parte de ingreso hospitalario y no ordenar ecografía.

El hospital es responsable objetivo del daño cuando no se detecta quién es el culpable
El Insalud ha sido condenado por vía de responsabilidad civil objetiva al no encontrar el Tribunal Supremo en qué momento de la cadena asistencial se produjo la sección de la rama palmar del mediano de una paciente asistida en dos hospitales.

La afectada fue intervenida en una muñeca perdiendo la movilidad en un dedo, conservando dolor en la muñeca y en los dedos, y perdiendo fuerza en la mano. Al empeorar el cuadro clínico, optó voluntariamente por cambiar de hospital, donde fue intervenida de nuevo. En el informe emitido por este hospital constan las siguientes secuelas: "Sección palmar r. mediano (de intervención previa) cicatriz (...) en palma y parte distal de antebrazo más irritación crónica del r. mediano". Los médicos que realizaron la intervención también fueron demandados, pero el Supremo les absuelve porque los demandantes no cumplieron con la carga de probar su culpa. El informe pericial relata que era imposible que el nervio estuviera dañado antes de las intervenciones quirúrgicas como consecuencia de un accidente doméstico (contusión en la muñeca y posible fisura exterior discal de cúbito y radio, según consta en el primer parte médico de urgencias). La demandante, incapacitada para su profesión de limpiadora, ha sido indemnizada con 18.000 euros.
REF. 146/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Otras sentencias de interés en ADS:
ADS nº 107 / julio - agosto 2004, pág. 567. El régimen de responsabilidad objetiva no es aplicable a todo tipo de daños.
ADS nº ADS nº 84 / junio 2002, pág. 482. Responsabilidad objetiva del Insalud por sufrimiento fetal del neonato.
ADS nº ADS nº 101 / enero 2004, pág. 16. Culpa objetiva de laboratorio por daños hepáticos de Trován en terapia a dosis altas.
ADS nº 98 / octubre 2003, pág. 749. Responsabilidad objetiva del hospital por la asistencia deficiente del profesional (urgencias).
ADS nº 98 / octubre 2003, pág. 734 . Condena a la aseguradora del Insalud por infección nosocomial en la UCI.
ADS nº 97 / septiembre 2003, pág. 674. La información del riesgo de infección hospitalaria no exime de indemnizar.
ADS nº 97 / septiembre 2003, pág. 655. Culpa objetiva del Insalud por retraso en aplicar el tratamiento
antibiótico.

Hospital, cirujano y anestesista condenados por no realizar pruebas preoperatorias
La idoneidad médica de la obligatoriedad de las pruebas preoperatorias ha sido cuestionada por la Sociedad Española de Anestesia y Reanimación, asunto que tuvo una importante repercusión pública y profesional en 1993 cuando una sentencia del Tribunal Supremo condenó a una anestesista con base en la omisión de las "preceptivas pruebas preoperatorias" (TS, Sala Penal, 18.03.1993). El impacto que tuvo esta sentencia provocó que representantes de los anestesistas amenazarán con paralizar los quirófanos si el Tribunal Supremo mantenía el presupuesto jurídico de su condena. El alto tribunal, por su parte, solicitó de oficio posteriormente un indulto para la anestesista condenada, trámite del que todavía no se conoce su resultado. A pesar de ello, el Tribunal Supremo ha publicado varias sentencias con posterioridad que condenan la omisión de pruebas preoperatorias (ver resoluciones y comentarios publicados en ADS nº 66/2000 -negligencia grave-, ADS nº 46/1999, y ADS nº 16/1996 -imprudencia temeraria por preoperatorio insuficiente-).

Complicación postoperatoria
En una nueva sentencia, el Supremo condena a una clínica privada, al cirujano y al anestesista como responsables solidarios de daños muy graves (gran invalidez permanente absoluta) a una paciente que ingresó para someterse de forma voluntaria a una ligadura de trompas. En el postoperatorio tuvo complicaciones, por lo que se le aplicó una mascarilla de oxígeno y la intubación para ventilación normal, ordenándose el traslado a la UCI de otra clínica por asistir el anestesista a otra operación. Cuando llegó a la UCI la paciente presentaba un cuadro de shock grave e irreversible.

Examen preoperatorio imprescindibleLa sentencia recurrida condenó a los médicos por no efectuar el "imprescindible control médico analítico radiológico, esto es, el examen preoperatorio habitual que hubiese alertado sobre la posibilidad de paro cardiorespiratorio postoperatorio (...)". Por otra parte, la clínica ha sido condenada por permitir la intervención en sus instalaciones sin haberse realizado las pruebas preoperatorias, lo que es calificado de culpa contractual por incumplimiento del contrato de hospitalización, que abarca tanto la intervención como las garantías de prevención y seguridad anteriores y posteriores a ésta.
REF. 147/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Otras sentencias de interés en ADS:
ADS nº 88 / Noviembre 2002, pág. 829. El seguro sanitario paga daños del anestesista, aunque no esté en su cuadro.
ADS nº 77 / nov. 2001, pág. 774. Anestesista condenado por inyectar epidural fuera de la médula espinal.
ADS nº 75 / sep. 2001, pág. 595. Anestesia / Un tribunal absuelve a médicos y condena al hospital por daños muy graves.
ADS nº 66 / noviembre 2000, pág. 707. Anestesia:la omisión de pruebas preoperatorias es negligencia grave.
ADS nº 54 / oct. 1999, pág. 587. Condena a clínica y cirujano por operar sin anestesista.
ADS nº 50 / mayo 1999, pág. 277. El anestesista no indemniza si informa de reacciones adversas.
ADS n º 46 / enero 1999, pág. 15. Culpa de anestesista y cirujano por falta de control preanestésico y operatorio.
ADS nº 45 / dic. 1998, pág. 733. Condena a anestesista por delegar intubación.
ADS nº 39 / mayo 1997, pág. 247. Fallecimiento de paciente tras shock anestésico.
ADS nº 30 / jul.-ago. 1997, pág. 412. Condena a anestesista por intubación incorrecta.
ADS n º 16 / abril 1996, pág. 265. El preoperatorio insuficiente en anestesia es imprudencia temeraria.
ADS nº 20 / sep. 1996, pág. 547. Las obligaciones del anestesista (por Julio César Galán).
ADS nº 19 / jul.-ago. 1996, pág. 471. El deber de informar en anestesia (por José Manuel Martínez-Pereda). Condena por omitir pruebas preanestésicas (sentencia del Tribunal Supremo, Sala Penal, 18.03.93).


Culpa de hospital por la vía de presunciones en contagio VHC anterior a su hallazgo
La doctrina del riesgo que carga la responsabilidad al hospital por no implantar todas las medidas de prevención para evitar un contagio VHC ha sido aplicada por el Tribunal Supremo en una nueva sentencia.

El fallo tiene mayor trascendencia por cuanto la condena se refiere a un caso de contagio transfusional anterior al descubrimiento del VHC (FJ. 4º final párrafo 2º), y el hecho de que no se informará de los riesgos que podía plantear la transfusión. Además, considera probado el contagio por vía de presunciones.

La resolución absuelve al médico que intervino en la transfusión -había sido condenado por la Audiencia de Valencia- al estimar que se trata de una materia de culpa objetiva del hospital, en la que confluyen además la responsabilidad de tipo contractual y extracontractual. Según el tribunal, el paciente puede optar por el régimen de aplicación de uno u otro tipo de responsabilidad, lo que le beneficia en la elección de los plazos de reclamación (el más amplio, de quince años, en el caso de la responsabilidad contractual). El Supremo carga la prueba de su inocencia al hospital, y declara que la ausencia de la historia clínica evidencia una falta de rigor profesional por parte del médico y la clínica que no puede perjudicar al demandante.
REF. 148/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Otras sentencias de interés en ADS:
ADS nº 101 / enero 2004. Ley de Ayudas a afectados por VHC.
ADS nº 73 / jun. 2001, pág. 465. VHC transfusional: es un `daño continuado´ y objetivo no sujeto a plazos de reclamación.
ADS nº 70 / marzo 2001, pág. 214. Contagio de VHC: el plazo para reclamar perdura mientras no se estabiliza el daño.
ADS nº 70 / marzo 2001, pág. 210. VHC: contradicción en el Supremo sobre la indemnización de contagios anteriores a 1989.
ADS nº 84 / jun. 2002, pág. 516. LEY 14/2002, de 5 de junio, de ayudas por contagio transfusional VHC.
ADS nº 60 / abril 2000, pág. 340. Una Comisión ministerial repartirá las ayudas a afectados por VHC transfusional.
ADS nº 56 / diciembre 1999, pág. 704. Contagio masivo de VHC en Valencia: la acusación salpica al jefe del anestesista.
ADS nº 28 / mayo 1997, pág. 270. Indemnización en vía judicial: el doble que la del baremo de ayudas por VIH.
ADS nº 26 / marzo 1997, pág. 129. El contagio transfusional del VHC a la luz de las últimas resoluciones judiciales. La teoría de los riesgos del desarrollo. Por Santiago Pelayo.
ADS nº 26 / marzo 1997, pág. 149. Primera condena del Supremo por faltar consentimiento en transfusión sanguínea (contagio VIH y VHC). (Ver, en ADS nº 26 / marzo 1997, página 129, comentario a esta sentencia de Santiago Pelayo).

Condena a médicos y aseguradora por no informar del fracaso posible de la vasectomía
La compañía Winterthur y dos médicos han sido condenados a indemnizar con 48.080,97 euros a un paciente por el fracaso de la vasectomía a la que se sometió voluntariamente.

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió a las tres partes demandadas, pero el Supremo cita doctrina propia en la que el consentimiento es una obligación ineludible de todo facultativo, especialmente si es cirujano: "Debe saber la obligación que tiene de informar de manera cumplida al enfermo acerca de los posibles efectos y consecuencias de cualquier intervención quirúrgica y de obtener su consentimiento al efecto, a excepción de presentarse un supuesto de urgencia que haga peligrar la vida del paciente, o pudiera causarle graves lesiones de carácter inmediato".

Esta obligación tiene que cumplirse para que el paciente haga valer el derecho a la libre elección entre las distintas opciones que le presente el responsable médico de su caso. El Supremo destaca, por otra parte, que la Audiencia de Madrid alteró los principios de aplicación de la carga de la prueba al obligar al paciente y no a los doctores a demostrar el consentimiento no fue prestado.
REF. 149/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Otras sentencias de interés en ADS:
ADS nº 87 / octubre 2002, pág. 741. Condena solidaria a Insalud y médico por no informar de riesgo frecuente en vasectomía.
ADS nº 76 / oct. 2001, pág. 681. Clínica y médico condenados por no probar que se informó en una vasectomía fallida.
ADS nº 76 / oct. 2001, pág. 683. La información tiene especial intensidad si la intervención no es estrictamente necesaria.
ADS nº 66 / nov. 2000, pág. 730. La información oral y el fallo inexplicable de una vasectomía exculpan a la Administración.
ADS nº 28 / mayo 1997, pág. 251. Otra absolución tras vasectomía fallida por cumplir con el consentimiento.
ADS nº 75 / septiembre 2001, página 598. Condena al SVS por utilizar formularios genéricos de consentimiento (ligadura de trompas).
ADS nº 33 / noviembre 1997, página 635. Un tribunal acepta la información verbal de riesgos en una esterilización.
ADS nº 10 / octubre 1995, página 629. Condena por realizar una ligadura de trompas tras cesárea sin consentimiento.
ADS nº 16 / abril 1996, pág. 257. El azar de la naturaleza en un embarazo tras vasectomía. Por José Sarabia y Álvarez-Ude, médico. Adjunto a la Directora General del Insalud. 

Otras resoluciones sobre intervenciones de vasectomía: ver ADS n º 16/ 1995, pág. 274 -TSJ de La Rioja-; ADS nº 19/1995, pág. 493 -Audiencia Provincial de Cáceres-, ADS nº 19/1995, pg. 497 (Tribunal Supremo), y ADS nº 1/1995, pág. 15. TS, 25.04.1994 (Albácar López).

El Supremo avala el plazo de cinco años para destruir 'algunos' documentos de la historia
El Supremo ha desestimado el recurso presentado por el Colegio Oficial de Médicos de Vizcaya para evitar que algunos documentos de la historia clínica se destruyan pasados los cinco años de conservación que establecen los artículos 10.1 y 10.2 del Decreto 45/1998 del Gobierno Vasco sobre conservación y expurgo de la documentación clínica.

La defensa del Colegio sostiene que el plazo de cinco años no garantiza la tutela judicial de médicos y pacientes en procesos judiciales iniciados durante el tiempo de prescripción de las reclamaciones (15 años en el caso de las contractuales, y un año, en el de las extracontractuales), que comienza a contar cuando cesan las secuelas o son definitivas.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJ del País Vasco declarando que los Colegios de médicos no están legitimados para defender a los pacientes y que en el caso de autos se recurre contra una eventual, hipotética, o potencial vulneración, es decir es una pretensión cautelar encaminada a prevenir supuestas situaciones de indefensión. En este sentido, la Sala considera que el recurso se asienta sobre una base especulativa, y que es suficiente garantía la conservación indefinida de aquellos documentos previstos en el artículo 11 del Decreto Vasco (ver cuadro); en todo caso y para supuestos especiales, la Comisión de Valoración, Selección y Expurgo de Documentación Clínica puede aplicar criterios diferentes y garantías administrativas establecidas para dichos procesos en los términos que resultan de los artículos 13 y 14 del Decreto del Gobierno Vasco.
REF. 150/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Otras sentencias de interés en ADS:
ADS nº 108 / septiembre 2004, pág. 692. Madrid / Recomendación sobre tratamiento historias no informatizadas.
ADS nº 94 / mayo 2003, pág. 438. Ley de Salud de Baleares.
ADS nº 94 / mayo 2003, pág. 428. Ley de Castilla y León sobre Derechos y Deberes de las Personas en Relación con la Salud.
ADS nº 93 / abril 2003, pág. 369. Navarra adapta su ley de información clínica a la ley estatal.
ADS nº 91 / febrero 2003, pág. 170. Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria.
ADS nº 91 / feb. 2003, pág. 193. Valencia / Ley de Derechos e Información del Paciente.
ADS nº 91 / feb. 2003, pág. 170. Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria (regula la información asistencial).
ADS nº 90 / enero 2003, pág. 73. La legislación presupuestaria reforma la normativa sobre ensayos clínicos y el consentimiento.
ADS nº 88 / nov. 2002, pág. 865. Ley 41/2002 Básica sobre Obligaciones en Información y Documentación Clínica.
ADS nº 85 / julio-agosto 2002, pág. 590. Cataluña / Las voluntades anticipadas tienen que incorporarse a la historia.
ADS nº 83 / mayo 2002, pág. 422. Navarra / Ley de Derechos del Paciente a las Voluntades Anticipadas y la Información Clínica.
ADS nº 76 / oct. 2001, pág. 736. Valencia regula 41 documentos básicos que constituyen la historia clínica.
ADS nº 74 / jul.-ago. 2001, pág. 554. Ley de Salud de Extremadura, que incluye consentimiento y voluntades anticipadas. Consentimiento e Historia Clínica.
ADS nº 68 / ene. 2001, pág. 62. Ley sobre información del paciente y documentación clínica de Cataluña.
ADS nº 26 / marzo 1997, pág. 167. Convenio de Oviedo

Los titulares de farmacias están obligados a pagar las cuotas de las Cámaras de Comercio
Los titulares de las oficinas de farmacia están obligadas a pagar las cuotas de las Cámaras de Comercio, porque la adscripción a estas corporaciones es forzosa, y compatible con la obligación de estar afiliado en el colegio profesional correspondiente, según dos sentencia del Tribunal Supremo que se pronuncian en el mismo sentido (TS, 23 de febrero del 2004 y TS, 1 de marzo del 2004).

La primera de ellas - cuyos fundamentos se reproducen más abajo - deniega la solicitud de un farmacéutico de que se le diera de baja en el censo de la Cámara de Comercio, Industria y Comercio de la Junta de Andalucía, y que se le reintegraran todas las cantidades abonadas a la corporación desde la fecha en que reclamó la baja. La segunda, en respuesta a una reclamación promovida por la Asociación Profesional de Farmacéuticos de Las Palmas, deniega la solicitud de varios farmacéuticos de darse de baja del censo electoral de la Cámara de Comercio de Canarias. En ambos casos, los tribunales autonómicos habían fallado a favor de los farmacéuticos, pero el Tribunal Supremo sostiene que esas resoluciones son contrarias a la doctrina jurisprudencial más moderna, que vincula el alta de estos profesionales al hecho de que ejercen una actividad comercial.
REF. 151/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

SOCIAL

Competencia social / La movilidad funcional obliga al gerente a justificar la causa del cese
La duda doctrinal surgida en torno a la vigencia de la jurisdicción social para conocer de reclamaciones de personal estatutario después de la entrada en vigor de la Ley del Estatuto Marco del Personal Sanitario ha sido corregida por la Sala Social del Tribunal Supremo, que se remite a varias sentencias dictadas en Sala General (20.11.1998 y 27.10.2000) para aclarar la controvertida cuestión.

Para algunos juristas, la derogación tácita del Estatuto Marco de todas las normas de igual o inferior rango que contravengan lo dispuesto en éste supone la pérdida de la vigencia de la atribución competencial al orden social de las reclamaciones en personal estautario.

Sin embargo, el Tribunal Supremo subraya que el título competencial en esta materia está regulada en el artículo 45.2 de la Ley General de la Seguridad Social, con excepciones matizadas por la jurisprudencia. "Es una afirmación de principio -dice el Supremo- que el artículo 45.2 contiene una cláusula de atribución competencial al orden social de todas las cuestiones litigiosas que surgan entre la entidad gestora, Insalud, y el personal estatutario a su servicio".
Excepciones a la norma general
Las excepciones históricas de la competencia social son el régimen disciplinario y la provisión de vacantes, dice el Supremo al referirse al fenómeno general de "descentralización institucional de la gestión de la Seguridad Social, que naturalmente supone a su vez la del régimen de personal que presta servicios para el propio organismo gestor". El Supremo sostiene que ninguna norma del personal estatutario ha sustraido del orden social el conocimimiento de los actos internos de gestión de personal estatutario (movilidad dentro del área de salud, ceses, guardias, jornadas, retribuciones, y tutela de la libertad sindical).

Es indudable que el límite competencial viene marcado por normas estatutarias que tradicionalmente han excluido de la vía social la impugnación de traslados y el régimen disciplinario, materias que corresponden a lo contencioso, añade el alto tribunal. En el caso concreto que revisa el Supremo declara nulo el cese de un interino que fue removido de su puesto de coordinador de trasplantes del Hospital de la Cruz Roja en Ceuta para ser designado coordinador adjunto.
REF. 152/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

El laboral transferido tiene derecho al mismo sueldo que el funcionario de la autonomía
El personal laboral transferido tiene derecho a cobrar las mismas retribuciones que los funcionarios de una autonomía una vez que se ha consolidado el proceso de integración. Una sentencia del Tribunal Constitucional ha resuelto una cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Social del TSJ de Baleares contra una disposición del Gobierno autonómico que previó la homologación salarial del personal laboral transferido del Inserso en cuatro ejercicios, a razón del 25% anual hasta su equiparación retributiva total.

El Constitucional considera nulo e inconstitucional el artículo 6.5 de la Ley 5/1996 sobre medidas tributarias y administrativas por considerar que prevé una discriminación retributiva indebida entre trabajadores que ya forman parte de una misma organización, con independencia de su procedencia. Sólo serían justificables desde la óptica constitucional las diferencias retributivas durante el proceso de integración o consolidación de las transferencias, pero no una vez que ha culminado.

Por otra parte, la limitación presupuestaria esgrimida por el Gobierno balear para diferir el presupuesto salarial no puede afectar a los derechos individuales de los trabajadores, puesto que se puede anticipar el proceso lógico de integración de forma negociada en la Comisión Mixta de Transferencias.
REF. 153/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Otras sentencias de interés en ADS:
ADS nº 54 / octubre 1999, pág. 592. T. Constitucional / El concurso que puntúa la condición de funcionario y no la de estatutario es nulo.
ADS nº 44 / noviembre 1998, pág. 674. El Constitucional reitera que las leyes de presupuestos no pueden regular concursos.
ADS nº 44 / noviembre 1998 667. T. Constitucional / Anuladas las bases legales del sistema de provisión de plazas en la sanidad pública.
ADS nº 13 / enero 1996, pág. 46. TSJ Madrid / El Insalud puede reducir el salario al APD integrado
ADS nº 83 / mayo 2002, pág. 393. TC / Anulada una subida lineal en el Servicio de Salud de Asturias por superar el tope estatal.
ADS nº 82 / 2002, pág. 327. TC / Anulada la sentencia que reconoció el incremento retributivo de los funcionarios.
ADS nº 69 / nov. 2001, pág. 122. Audiencia Nacional: la nómina del funcionario debe contemplar la subida del IPC de 1997.


La productividad sólo se cobra si se cumplen objetivos y se firma el pacto de gestión
El complemento de productividad sólo puede cobrarse si se ha firmado el pacto de gestión de forma individual por el interesado, sin que la consecución de objetivos fijados anualmente por el equipo en su conjunto otorgue derecho alguno al que no rubricó el contrato.

Esta es la conclusión a la que llega el Juzgado de lo Social de Teruel, al desestimar una demanda presentada por varios trabajadores (facultativos, auxiliares técnicos sanitarios y auxiliares administrativos) del equipo de atención primaria del centro turolense de Albarracín contra el Servicio Aragonés de Salud, por no cobrar el complemento de productividad -al no adherirse el pacto de gestión- a pesar de que el equipo en su conjunto alcanzó los objetivos fijados para el 2002 en el contrato de gestión clínico asistencial.

En aplicación del Real Decreto Ley 3/1987 y del Acuerdo del Consejo de Ministros del 29.06.1990 (BOE del 28.07.1990), el juzgado afirma que el complemento de productividad es personal y retribuye la iniciativa y especial rendimiento del titular del puesto. Es obligatorio, por lo tanto, cumplir los objetivos fijados, tras la firma del pacto que el coordinador de la unidad establezca con la gerencia correspondiente. Los demandantes se negaron a suscribir el contrato, por lo que "rechazaron voluntariamente participar en el sistema de incentivos".
REF. 154/04 (Para solicitar el texto íntegro pulse AQUÍ)

Otras sentencias de interés en ADS:
ADS nº 85 / julio-agosto 2002, pág. 583. La productividad variable por objetivos se cobra aun sin firmar el contrato de gestión.
ADS nº 16 / abril 1996, pág. 289. Médicos del mismo programa pueden cobrar distinto plus de productividad.
ADS nº 13 / enero 1996, pág. 44. El plus de dispersión geográfica sólo puede cambiarse por pacto sindical (productividad fija).
ADS nº 10 / octubre 1995, pág. 667. La Administración tiene discrecionalidad para reducir el complemento de productividad

La Rioja / Regulación de la visita médica
El uso racional del medicamento es el objetivo prioritario que se deben marcar tanto los laboratorios farmacéuticos, en la información, promoción y publicidad de medicamentos, como los profesionales sanitarios, en la prescripción y dispensación de los mismos. La visita médica es el medio a través del cual los informadores técnicos sanitarios transmiten al facultativo los conocimientos técnicos adecuados para que determine la valoración objetiva de la utilidad terapéutica. Para garantizar el cumplimiento de esta función, la Consejería de Salud de La Rioja establece mediante esta Orden las condiciones en las que se desarrollará la visita en los Centros Sanitarios del Sistema Público de Salud de La Rioja. La visita médica se restringe a la información de medicamentos con autorización de comercialización, y debe ajustarse a la ficha técnica autorizada del medicamento. Se establece un régimen de cuatro visitas al año, un máximo de cuatro informadores por servicio -tanto en Atención Especializada como Primaria-, y una duración semanal de tres o cuatro horas.

No es visita médica la realizada a los Servicios de Farmacia Hospitalarios para la gestión y adquisición de medicamentos, ni tampoco la colaboración en los programas de formación y docencia. La promoción de los estudios postautorización de tipo observacional está expresamente prohibida, así como el ofrecimiento de cualquier tipo de incentivo, prima u obsequio. La visita, preferentemente colectiva, se realizará en un horario que no interrumpa el funcionamiento de las actividades asistenciales, y conforme al calendario que, con un mes de antelación, prese